La comisión se creó por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 (resolución nro. 15/82) durante el gobierno de Reynaldo Bignone y llevó el nombre oficial de Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur.
La comisión estuvo compuesta por: Teniente General (R) Benjamín Rattenbach (Ejército)General de División (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante (Ejército) Almirante (R) Alberto Pedro Vago (Armada) Vicealmirante (R) Jorge Alberto Bofi (Armada) Brigadier General (R) Carlos Alberto Rey (Fuerza Aérea) Brigadier Mayor (R) Francisco Cabrera (Fuerza Aérea)
La comisión recibió amplios derechos para solicitar "informes, documentos, antecedentes y todo otro elementos que se estime útil, a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlo dentro del término que se fije bajo apercibimiento de Ley. Al efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido."
El fin de la investigación fue definido en el decreto como: El desempeño en el ejercicio de las funciones y las responsabilidades emergentes respecto de la conducción política y estratégico militar del conflicto. Las responsabilidades de cualquier persona, sean de carácter penal, disciplinario y/o del honor que surjan de lo actuado y que, a su juicio, deban ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción común o militar respectiva, en la forma que legal y reglamentariamente corresponda.
La comisión entregó el resultado de su trabajo en un informe escrito de cinco partes: Introducción. En la introducción se describen los fundamentos legales y las razones de la investigación, sus fuentes, su nomenclatura y la estructura del informe.
Antecedentes del conflicto. Se analizan detalladamente los pasos realizados por el gobierno para solucionar el conflicto así como el contexto internacional y regional en que tuvo lugar el enfrentamiento.
Evaluación y análisis crítico. Se investiga el accionar de las fuerzas armadas argentinas durante la guerra en base a informes solicitados a los oficiales que cargaban responsabilidad en los hechos. Es un análisis crítico y hecho en un lenguaje objetivo que a veces puede parecer hiriente. Las fallas son nombradas y analizadas.
Determinación de las responsabilidades. Se listan las responsabilidades de los estamentos militares y civiles durante la guerra, entre otros de: la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Gabinete, cada uno de los Comandantes de las Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto, etc. Asimismo encuadra las responsabilidades en el marco jurídico argentino.
Experiencias y enseñanzas
Nombra concretamente las recomendaciones en: -Organización de la Nación para la Guerra-Política Militar -Código de Justicia Militar -Servicio Exterior -Inteligencia Estratégica-Acción Psicológica -Doctrina Conjunta -Debilidades de las FF.AA. en el conflicto
Por último se redacta el acta de constancia de finalización de la comisión, donde se nombran los destinatarios de los diez ejemplares firmados del informe, estos son, la Junta Militar, los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y un ejemplar para cada uno de los seis miembros de la comisión.
Consecuencias del informe
El informe recomendó penas graves para los responsables de lo que calificó como una "aventura militar" (que implicaban la pena máxima para algunos de ellos), pero su influencia sobre el juicio posterior fue prácticamente nula.
Sin embargo, desde el punto de vista político e histórico el informe sepultó definitivamente cualquier intento de los dirigentes militares y políticos de la época por encubrir o relativizar sus responsabilidades.
Según testimonio del hijo del Teniente General Rattenbach, el informe fue adulterado para proteger a los jefes militares, eliminándose referencias a los cargos "en lo penal militar" de los altos jefes y a la rendición sin combatir en Georgias.
Difusión posterior
El informe nunca ha sido publicado oficialmente, aunque recientemente se ha anunciado su desclasificación y posterior publicación.
La revista semanal Siete Días en sus ediciones nº 858 y 859 (23 y 30 de noviembre de 1983) le dedicó su tapa y gran parte del número a dicho documento; de esa forma éste salía a la luz pública de manera extraoficial. Luego se publicó en forma de libro al menos en dos ocasiones. Actualmente se puede acceder a la versión no oficial a través de diversas páginas web.
En abril de 2007, los diputados nacionales Federico Storani y Pedro Azcoiti presentaron un proyecto de ley (expediente 1350-D-2007) para proceder a la publicación del informe.
El 25 de enero de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la conformación de "una comisión para la reapertura y conocimiento público del informe Rattenbach"
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