Es tan feo y pobre querer ponerse en Fiscal del Pueblo, cuando en realidad ni siquiera terminó su defensa ante la justicia por su Intendencia desastrosa y delictiva. Y ahora encima esto! No hay que escupir para arriba muchachos...

ESTARÍA SUMANDO UNA NUEVA IMPUTACIÓN

Pedirán severas sanciones para Hernández de probarse que se robó documento de un juzgado

Desde diferentes esferas, tanto de aquellas vinculadas a la labor de los profesionales del derecho como de la misma Justicia provincial, surgirían en breve planteos formales a fin de que se apliquen severas sanciones contra el ex intendente Gabriel Hernández por lo que se considera una “grave inconducta” asumida al haber sustraído un documento de un expediente judicial ante un descuido del secretario de un tribunal local.

La censurable actitud de Hernández, que ya antes se indicó fue de “extrema gravedad”, podría derivar en severas sanciones en su contra, tanto desde la misma esfera judicial como también del Tribunal de Conducta del Consejo Profesional de la Abogacía.
Con este hecho, que de confirmarse probatoriamente en esferas de la Justicia, donde se expuso se está investigando lo sucedido, Hernández sumaría una nueva imputación dentro del largo listado de causas penales que acumula por anormalidades en su gestión como intendente en el período entre 1999 a 2003.
Según expuso en su sitio la página NOVA, se trató lisa y llanamente del hurto de una prueba documental de uno de los expedientes judiciales en los que interviene como patrocinante de una de las partes.
Tanto es así que el ex jefe comunal de la UCR lo apodan “el amigo de lo ajeno”. Según se pudo conocer de fuentes judiciales, Hernández tuvo que afrontar un “deshonroso momento” –aseguran quienes presenciaron lo ocurrido– cuando se comprobó que habría sustraído esa documentación de un expediente en el que oficia como abogado.
Al advertir lo sucedido, el secretario del Tribunal quiso hallarlo por varios medios, aunque sin éxito. Cuando decidió trasladarse hasta el domicilio del propio Hernández y examinar su portafolio, corroborando que tenía en su poder el documento en cuestión, incluso señalan que trató se influenciar políticamente para que todo quede sin develarse, que está claro no prosperó.
La situación quedó consignada en un acta de la Sala III del Tribunal de Trabajo de la provincia, a la que varias páginas de Internet ya vienen dando cuenta desde hace algunos días, pero que  ahora ha cobrado mayor fuerza ante los informes que anticipan una severa sanción ante solicitudes formales en ese sentido.
Una de las fuentes del ámbito laboral judicial explicó que “ante lo sucedido quien debe actuar de inmediato es la misma Justicia, hay que sancionar según lo regulado para estos casos. No puede nadie, y mucho menos un abogado, cometer un hecho de este naturaleza, por lo que exigiremos que se actúe con severidad”, enfatizó, para marcar con tono de enojo y del tipo reclamo sindical en defensa de los agentes judiciales, que incluso los mismos empleados del tribunal en cuestión podrían ser plausibles a que no sólo se los reprenda, sino incluso les caiga alguna sanción por negligencia o descuido en su función.
Por otra parte, desde la esfera de los profesionales del derecho plantean que se aplique una sanción a través del Tribunal de Conducta a del Consejo Profesional de la Abogacía, incluso advirtiéndose que ya deberían haber iniciado el procedimiento disciplinario a raíz de la denuncia.
Recordaron que el Código de Ética del CPA refiere en su capítulo III (Deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía), que entre los deberes inherentes al ejercicio de la abogacía está el de “utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentando en los principios de lealtad, probidad y buena fe”.